Según Ignacio Molina[1], “La dictadura (del latín dictatūra) es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (dictador), generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una (1)ausencia de división de poderes, una propensión a (2)ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la (3)inexistencia de consentimiento alguno por parte de los gobernados y la (4)imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder.” (Subrayado y numerado hecho por el suscrito). A partir de esta definición podemos evaluar si alguna instancia de gobierno puede clasificarse como dictadura.
Muchos opositores se han empeñado en mostrar y “demostrar” que Chávez es un dictador y que el gobierno que él preside tiene el carácter de régimen totalitario. En este Sindéresis aplicaremos los cuatro criterios destacados de la definición de Molina para conformar una especia de “Dictadurómetro”. Este particular instrumento será utilizado sobre dos personajes y sus respectivos aparatos gubernamentales: Chávez y el Estado Nacional; y Bonucci y la Gerencia de la Universidad de los Andes.
Antes de aplicar el instrumento es necesario precisar que se reconocen distintos tipos de dictadura con diferentes criterios de clasificación (fascismo, dictadura del proletariado, de izquierda o de derecha). En este análisis es necesario diferenciar entre regímenes autoritarios y totalitarios[2]. Como su nombre lo indica, el régimen autoritario está más asociado a la figura de un individuo y su proyecto personal; mientras el totalitarismo suele tener asociada una ideología que lo sustenta. La meta personal del dictador autoritario suele distanciarse del fin natural del crecimiento de la sociedad o institución que preside y busca fundamentalmente la consecución de mayores cuotas de poder. Para el totalitarismo, el poder no necesariamente es el propósito, aunque si represente el más importante de los medios para conseguirlo. A la luz de estos conceptos, se reconoce que tiene pleno sentido hablar de Dictadura Autoritaria cuando el “poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo”; mientras que la Dictadura Totalitaria
Dicho lo anterior, comencemos nuestro análisis de los dos personajes y sus gobiernos.
1. Ausencia de División de Poderes.
Mucho critica la oposición que hay una marcada concentración de los distintos poderes públicos en los sectores que apoyamos al gobierno. Se dice que los cinco poderes se encuentran en manos del ejecutivo nacional. Si empezamos por el poder legislativo, encontramos que el mismo es prácticamente unicolor debido a la gran torpeza de una oposición que cree poco en las instituciones republicanas y confía más en su agenda desestabilizadora. A partir del control circunstancial absoluto de la Asamblea Nacionalla Asamblea Nacional
El plan opositor consistía en dejar al gobierno sólo en la conducción del país para hacerlo único responsable de la evolución (¿involución?) de la sociedad. Era la estrategia de restar legitimidad al Estado Nacional dada la fáctica falta de división de poderes, creada esta vez por la oposición y no por la supuesta dictadura. Lo que ellos no se imaginaban es que la percepción de la mayoría de los venezolanos sobre el funcionamiento del Estado en general es positiva y la popularidad de Chávez se ha encontrado en todos estos años en excelente nivel. La trampa de jugar a la dictadura, dejando al gobierno sólo, no les funcionó.
En la institución universitaria autónoma nacional ocurre que la Ley de Universidades presenta debilidades importantes relacionadas con el funcionamiento de las mismas como entes autónomos de carácter público. Si autonomía representa la “capacidad de gobernarse”, la institución autónoma debe tener en su seno los componentes organizacionales que aseguren un funcionamiento que apunten hacia el cumplimiento eficaz y eficiente de sus fines. Dentro de esas instancias organizativas debe haber:
1. Un componente ejecutivo que se encarga de definir políticas que aseguren niveles crecientes de calidad en investigación, docencia y extensión. En nuestra Universidad el componente ejecutivo está representado por las direcciones centrales, coordinadas por el Rector y los Vicerrectores; y por las Direcciones de Escuela, coordinados por sus respectivos Decanos.
2. Un componente legislativo llamado a establecer normas de funcionamiento interno en correspondencia con las leyes nacionales. En este aspecto la universidad cuenta con el CU y los Consejos de Facultad y de Escuela.
3. Un componente judicial que se encargue de sancionar las fallas académicas y administrativas de los universitarios. Nuevamente el CU y los CF tienen competencia al respecto.
4. Un aparato contralor, designado por el CU.
5. Una organización para el arbitraje electoral, designada también por el CU.
Como se ve, el CU tiene un poder demasiado grande en la configuración de los poderes universitarios. En estos momentos, 17 de los 27 miembros del CU de la Universidad de Los Andes son Decanos o Autoridades Universitarias Centrales, por lo que estas 17 personas tienen tanto poder ejecutivo, como legislativo, como judicial, como todo. Dentro de estos CU suelen establecerse los llamados Sindicatos de Decanos. Estos representan terribles aberraciones en el diseño organizacional universitario y en la comunidad se entiende que su misión es la de establecer un sistema de conchupancia y de repartición de recursos. Si a este Club se le incorpora el Rector, se establece un régimen absolutamente dictatorial que acapara todos los poderes y se instaura como centro hegemónico en desmedro de la institución y los intereses de las mayorías universitarias.
Nótese que el análisis anterior no se circunscribe al caso de la Universidad de Los Andes (salvo por el número de Decanos) sino que atañe a todo el Sistema Universitario Nacional, de manera particular a las Universidades Autónomas. La Ley de Universidades es endeble ante la avaricia de poder y de recursos de ciertos universitarios. Si combinamos un sistema vulnerable con unas ambiciones insaciables encontramos los monstruos en que las instituciones universitarias se han convertido.
El caso particular de la Universidad de Los Andes en el presente tiene matices muy graves. El Rector encabeza un grupo que se ha erigido en el poder de manera casi absoluta. La endeble división de poderes en la institución es violada de manera artera por quien manifiesta permanentemente que “las competencias del Rector no se discuten.” Es así como se apropia de las competencias de otras autoridades y asume el control y custodia de lo que no le corresponde.
En la Universidad de Los Andes se viene consolidando una hegemonía clara. Un conjunto de universitarios se han entronizado en el poder en distintos cargos y hacen uso y abuso de estos cargos para garantizar la perpetuación del mando. Para ello no sólo adquieren compromisos internos con los distintos subgrupos y actores identificados con la hegemonía, sino que pueden adquirir compromisos de carácter económico y político con empresas y organizaciones extra-universitarias. La atención de estos compromisos les permitiria un claro respaldo mediático y el recurrente apoyo para costosísimas campañas electorales.
Es bueno destacar que la debilidad jurídica de la institución universitaria, no siempre ha servido para que estas DICTADURAS se establezcan. La gestión de Pedro Rincón es bien conocida por su esfuerzo por incrementar los niveles de democracia, de tolerancia, y de crecimiento institucional racional y equilibrado. Así mismo hay que indicar que no sólo la legislación o el Rector que la interprete y ejecute tienen la culpa. Nosotros, los universitarios mismos somos culpables de dejar que la Universidad haya sido enajenada progresivamente de su condición y que estemos más pendientes de pequeños privilegios y de discursos vacíos y mercadotécnicos que de la defensa de la institucionalidad.
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